La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha hecho llegar un ‘paquete’ de medidas a la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC), para la defensa de la profesión periodística y de los nuevos graduados, que pasan por la revisión de la regulación de las prácticas, con el fin de que no se produzcan irregularidades laborales con los becarios, la creación de la asignatura de Ética informativa o la necesaria convivencia del mundo académico con el profesional, para que redunde en beneficio de los alumnos de las facultades y de la formación permanente de los periodistas.
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El documento, que deberá ser analizado por la ATIC, para plasmarlo en un posterior acuerdo, ha sido entregado por la presidenta y el vicepresidente de la FAPE, Elsa González y Aurelio Martín, respectivamente, a la presidenta en funciones de esta organización y decana de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Carmen Pérez de Armiñán.
La decana ha conocido por los representantes de la FAPE la posibilidad de que se establezca la concesión de créditos para seminarios o talleres realizados por profesionales, con el fin de transmitir experiencias desde una perspectiva práctica, y de abrir cauces para que, en sentido contrario, las facultades lleven a cabo tareas de formación permanente, como ya realizan algunas.
Asimismo, se ha solicitado el desarrollo o la creación, en algunos casos, de la asignatura de Ética informativa, mediante la utilización como material formativo de las normas de autocontrol elaboradas por el organismo de arbitraje y deontología de la FAPE.
En otra parte del documento se pide unir esfuerzos para que las prácticas no curriculares para estudiantes, en particular las becas de posgrado, no se conviertan en puestos de trabajo sin remunerar.
Los representantes de la FAPE han recordado la resolución aprobada en la asamblea de Cartagena, a propuesta de la Asociación de la Prensa de Madrid, por la que solicitará a los grupos parlamentarios que trabajen para modificar la actual regulación de las prácticas académicas de los estudiantes universitarios con el fin de que sean obligatoriamente remuneradas. Con ello se pretende evitar que los becarios sean un recurso para contar con mano de obra barata.
En esta propuesta se contemplaba también que se reclamara de las universidades que eliminen las ofertas sin sueldo, lo que ha sido trasladado a la presidenta de la ATIC, así como se instaba a los medios a que acaben con la precariedad laboral y al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a que intensifique las inspecciones en las empresas que recurren a los becarios para cubrir puestos de trabajo.
También se ha pedido iniciar actuaciones conjuntas en demanda de la promulgación de una ley para que el periodismo pase a ser una profesión titulada e incrementar la colaboración para promocionar las organizaciones profesionales en el entorno universitario.
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