La modificación del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha aprobado el martes, 2 de junio, por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con el respaldo de CiU.
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La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) considera que la enmienda vulnera el derecho constitucional a la información, ya que lo que pretende es ocultar a los ciudadanos las imágenes de hechos de interés general.
Cuando la policía detiene a alguien, bien por orden de un juez o por la comisión de un delito “in fraganti”, está defendiendo la seguridad de los ciudadanos, por lo que no se entiende que se pretenda ocultar la toma de imágenes de un hecho que, por afectar a la seguridad de todos, es de interés general.
La APM recuerda que el derecho constitucional a la información es uno de los pilares del sistema democrático porque facilita a los ciudadanos la formación de su opinión, base imprescindible para que actúen en libertad.
El texto de la enmienda añade al artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse (la detención) así como en traslados ulteriores”.
La APM subraya que el artículo 8 de la Ley Orgánica del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen establece que no se considerarán, con carácter general, como intromisiones ilegítimas la captación, reproducción o publicación de imágenes de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.
También recuerda que, en los casos de colisión entre el derecho a la información y el derecho al honor, intimidad e imagen, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece la prevalencia del primero cuando se trata de hechos veraces, de interés general y que están debidamente contrastados.
La APM espera que el PP y CiU recapaciten y retiren la enmienda, que añade un capítulo más a los límites a los derechos a la libertad de expresión y a la información que contiene la Ley de Seguridad Ciudadana, sobre todo con la imposición de sanciones a la toma de fotografías o a la grabación de agentes y fuerzas de seguridad.
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