El próximo viernes, 18 de diciembre, a las 11:00 horas, la APPA te invita a unirte a una concentración para mostrar su desacuerdo ante el desmantelamiento del sistema comunicativo de la Comunitat Valenciana, que tendrá lugar en la Plaza de la Montañeta, de Alicante.
Esta misma convocatoria, en la que se guardará un minuto de silencio por el periodismo y se leerá el mismo manifiesto, se celebrará de manera simultánea en varias localidades comunitarias; entre las que se encuentran Valencia (de 11:00 a 12:00 horas, en la Plaza de la Mare de Déu; en Elche (de 10:00 a 11:00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento) y la que te estamos contando, a las 11:00 horas en la Plaza de la Montañeta, en Alicante.
Sin periodistas no hay periodismo
#UnMinutoDeSilencioPorElPeriodismo
#UnMinutDeSilenciPelPeriodisme
Manifiesto contra el desmantelamiento del sistema comunicativo de la Comunitat Valenciana
Acabamos de enterarnos de nuevos despidos en los diarios Información, El Mundo y Levante, tres medios que han decidido presentar un ERE con la excusa de las pérdidas económicas por la pandemia. Recientemente hemos tenido que lamentar también el cierre de CV Radio o despidos en La Razón. Ahora bien, la crisis que sufre el sector no es puntual, sino que viene de muy lejos.
Las plantillas de las redacciones ya quedaron mermadas con la crisis económica que se inició en 2008. Pero es que actualmente estamos asistiendo a otra oleada de despidos de periodistas que empezó en 2019 con el cierre de Levante de Castelló y el Diari La Veu. Después llegarían más recortes de plantillas en Levante, Superdeporte y El Mundo, a las que se añadieron más despidos en Las Provincias e Información y de tantos otros profesionales de medios locales. Y todo esto, antes de que llegara la pandemia.
Porque llegó la pandemia y, entonces, los problemas explotaron. El periodismo fue declarado como una actividad esencial precisamente porque la información es un servicio público, y más cuando estamos en un momento de proliferación de bulos y fake news que ponen de manifiesto el grave perjuicio para el sistema democrático y la cohesión social. El derecho a la información es un derecho constitucional. No lo olvidamos.
Sin embargo, la paradoja del periodismo es ser una actividad esencial y, al mismo tiempo, uno de los sectores más golpeados por la crisis sanitaria y económica derivada del coronavirus. Prácticamente todos los medios de comunicación de la Comunitat Valenciana han aplicado un ERTE en este 2020. Es decir, mientras los profesionales de la información tenían que salir a la calle durante el confinamiento -exponiendo su salud cuando ni siquiera había mascarillas-, las empresas recortaban sus nóminas y, en teoría, la jornada laboral. Todos sabemos que es mentira, porque en muchos casos se han trabajado más horas que nunca y en peores condiciones, teletrabajando muchas veces sin los recursos suficientes. Por no hablar de los autónomos, muchos de los cuales se han quedado directamente sin trabajo por la cancelación de colaboraciones por parte de las empresas periodísticas.
A todo esto tenemos que sumar las limitaciones al trabajo periodístico que hemos sufrido y continuamos sufriendo por parte de las instituciones, empresas y organizaciones. Las medidas sanitarias son la nueva excusa para restringir las coberturas informativas de todo tipo de actos. Con la generalización de los pools tenemos menos pluralidad informativa y, sobre todo, más propaganda. Sin el control y la fiscalización de los periodistas, lo que queda es mera propaganda. Esta es la realidad que se esconde detrás de quienes se alegran de la crisis de los medios e, incluso, de los despidos de periodistas.
Estamos asistiendo al desmantelamiento sistemático de las redacciones, que además se está produciendo en paralelo al aumento de la precariedad de los periodistas freelance, autónomos o falsos autónomos. Periodistas sin contrato y que muchas veces ni llegan a los ingresos de un salario mínimo interprofesional. Precariedad que se extiende, por ejemplo, a los trabajadores y trabajadoras de las productoras audiovisuales, a pesar de que muchas están trabajando para la televisión pública valenciana. Estamos, por lo tanto, ante un fenómeno peligroso y transversal que afecta a todo el sector, y que ya está dejando sin ninguna opción de futuro a los centenares de periodistas que cada año se gradúan en las universidades de la Comunitat Valenciana.
En consecuencia, exigimos a las empresas periodísticas que paren la avalancha de despidos. Si cuando estas empresas piden ayudas públicas a los gobiernos, lo hacen con el argumento que sin periodismo no hay democracia, tendrán que reconocer que sin periodistas no hay periodismo… ni periodismo de calidad. Decir lo contrario es mentir a la sociedad, en un momento precisamente donde se está pidiendo el pago por contenidos.
Y al Gobierno de la Comunitat Valenciana, le pedimos un plan de ayudas públicas específico para un sector tan esencial y fundamental como particular. Las ayudas tienen que servir para garantizar la pluralidad informativa y fortalecer el sistema mediático de la Comunitat Valenciana, pero tienen que estar necesariamente ligadas al mantenimiento de los puestos de trabajo. El dinero público no puede servir para despedir periodistas.
Queremos solidarizarnos con todos los trabajadores y trabajadoras despedidos. Asistimos al desmantelamiento del sistema comunicativo de la Comunitat Valenciana, prácticamente a su entierro. Hemos guardado un minuto de silencio simbólico, pero tenemos que buscar ya soluciones urgentes o solo nos quedará lamentarnos cuando sea tarde.
Ahora hace una década asistimos al desmantelamiento del sistema financiero valenciano. Ahora, asistimos al empobrecimiento progresivo del ecosistema comunicativo de la Comunitat Valenciana. Este es un problema que atañe especialmente a los profesionales de la comunicación, pero que afecta también al conjunto de la sociedad de la Comunitat Valenciana. Porque una sociedad sin un ecosistema comunicativo plural es una sociedad más pobre.
